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Hace escasos días comprobaba de primera mano como las cotas de sinsentido alcanzadas por la nueva y reciente regulación de los delitos contra la seguridad vial, no serían las últimas.

Una extraña situación demandaba mis servicios letrados. La Guardia Civil había remitido al Juzgado de Guardia a un joven que conducía un automóvil careciendo de carnet. Hasta ahí, nada nuevo. Nada que no sea común a diario en cada uno de los juzgados de guardia de todo el territorio nacional. Lo verdaderamente sorprendente residía en el hecho que en el atestado le acompañaba su padre, propietario del vehículo, siendo acusado al tiempo como "colaborador necesario".

Esto es, se pretende que sea reconocido si bien no como autor directo del ilícito, sí como interviniente cuya cooperación ha resultado decisiva para su perpetración, y por tanto debe acompañar a aquél en su suerte.

Por cuanto me relataba la funcionaria de turno, llevaban haciéndolo no menos de una semana, en éstos y en los casos de conducción bajo los efectos del alcohol.

Al parecer, este proceder de la Benemérita responde a una directriz interna, quizá con origen en el propio Ministerio de Interior, con evidente ánimo recaudatorio. No cabe pensar otra cosa, dado el carácter nacional del Cuerpo. Si es así, no tardarán en aflorar nuevos testimonios de profesionales de la Justicia clamando al cielo.

Aunque los efectos prácticos serán nulos, toda vez que comprueben como se sale indemne simplemente alegando desconocer bien el uso del vehículo, bien las circunstancias del conductor, toda vez que como imputado no existe la obligación de decir verdad.

Habremos cruzado eso sí una vez más la frontera del absurdo, ofreciendo un nuevo testimonio de la incapacidad de unos y otros para sacar a España de la crisis y para generar recursos nuevos que no provengan de medidas punitivas y fiscalizadoras o de las tradicionales subidas de los impuestos del tabaco y del petróleo, en la más absoluta carencia de ideas.

Rafael Linares. Abogado.

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