Víctima, justicia penal y populismo punitivo: una reflexión necesaria

Durante mucho tiempo, el derecho penal se construyó casi exclusivamente alrededor de dos protagonistas: el Estado, que acusa y castiga, y el investigado o acusado, frente al que deben preservarse todas las garantías. La víctima, pese a haber sufrido directamente el delito, quedaba con frecuencia en una posición secundaria: era fuente de prueba, testigo de los hechos o parte perjudicada, pero no siempre una persona escuchada en su dimensión humana.

En las últimas décadas esta situación ha cambiado de forma notable. Hoy existe una mayor sensibilidad hacia los derechos de las víctimas: derecho a recibir información, a ser protegidas, a participar en determinados momentos del procedimiento y a no ser tratadas como un mero instrumento al servicio de la acusación. Este avance es positivo y necesario. Un sistema penal que ignora a quien ha sufrido el daño corre el riesgo de ofrecer una justicia fría, distante y difícilmente comprensible para la ciudadanía.

Ahora bien, reconocer a la víctima no significa convertir el proceso penal en un espacio de venganza. Esta distinción es esencial. El Derecho penal no puede responder al delito únicamente desde la emoción, por legítima que sea la indignación social. Tampoco puede identificarse automáticamente la protección de la víctima con el aumento de penas o con la reducción de garantías para el acusado. La justicia penal debe mantener un equilibrio delicado: escuchar a la víctima, reparar en la medida de lo posible el daño causado y, al mismo tiempo, respetar la presunción de inocencia, la imparcialidad judicial y el derecho de defensa.

Uno de los riesgos actuales es utilizar simbólicamente a la víctima para justificar reformas penales más duras, sin preguntarnos si esas reformas realmente mejoran su situación. En ocasiones, el discurso público presenta a la víctima como argumento para endurecer el castigo, pero no siempre se acompaña de medidas efectivas de apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, reparación económica o acompañamiento durante el procedimiento. Y ahí aparece una paradoja: se invoca a la víctima, pero no siempre se la atiende.

También deben analizarse con prudencia los mecanismos de justicia rápida o negociada. La agilidad procesal es importante, porque un procedimiento interminable puede aumentar el sufrimiento de todos los implicados. Sin embargo, la rapidez no debe desplazar la comprensión del conflicto ni reducir la intervención de la víctima a una mera formalidad. Ser informada no es lo mismo que ser verdaderamente escuchada.

Sobre esta materia he publicado recientemente un artículo académico en el que desarrollo con mayor profundidad estas cuestiones: “El papel de la víctima en el sistema penal contemporáneo: entre reconocimiento y eficientismo procesal”.

Rafael Linares, abogado en Tenerife